¿Es información un toples real?
Las fotos de la duquesa de Cambridge reabren el debate sobre el derecho a la intimidad de los personajes públicos. Los expertos demandan una ley europea
Portadas de la revista 'Closer' con el toples de Middleton. / E. GAILLARD (REUTERS) ("El país"
La frontera es difusa. Casi imperceptible. No hay una línea que separe el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Y cuando ambos chocan se produce el conflicto. La publicación de una serie fotográfica de Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo, en toples en una finca de la Provenza ha puesto de nuevo sobre la palestra el a menudo frágil matrimonio entre los dos derechos fundamentales.
De momento va perdiendo la publicación que desveló las instantáneas, claramente robadas, de los duques de Cambridge mientras se encontraban de vacaciones este verano. La justicia francesa ha prohibido a la revista Closer, que difundió el pasado viernes las polémicas fotografías, cederlas a terceros y ha ordenado que todo el material aparecido en el reportaje sea entregado a los abogados de la pareja real.
Aunque las instantáneas sean devueltas por los directivos de Closer en todos los soportes, nada garantiza que desaparezcan de la circulación. En la era de Internet es posible que permanezcan en el ciberespacio para la eternidad. El príncipe Guillermo, nieto de la reina Isabel, y su esposa, Kate Middleton, han presentado una querella por intromisión en su vida privada y atentado a su intimidad. La fiscalía francesa ha abierto una investigación que una vez más pone sobre la balanza dos derechos fundamentales en permanente colisión.
Lo que los jueces deberán determinar es si las fotos de marras son material informativo. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Javier Corcuera asegura que este caso “no hay información, sino una violación de la intimidad de una persona que está tomando el sol en un lugar en el que piensa que está protegida su intimidad”. No tiene duda de que la publicación de las imágenes no está amparada por el derecho a la información, ni tampoco se puede invocar la libertad de expresión, sino que responde a “un componente puramente de mercado”. Corcuera sostiene que incluso cuando una persona pública cena en un hotel, aunque esté a la vista del público, nadie tiene derecho a tomar fotografías. “No veo ninguna razón para que no se respete la intimidad”, dice.
No solo las leyes protegen el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen. Los periodistas han de tener en cuenta también sus propias normas profesionales. En 1993, el Consejo de Europa aprobó en Estrasburgo el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, que recoge de manera muy clara el respeto al derecho de las personas a su propia vida íntima. Y especifica: “Las personas que tienen funciones en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida privada, salvo en los casos en que ello pueda tener incidencias sobre la vida pública. El hecho de que una persona ocupe un puesto en la función pública no le priva del derecho al respeto de su vida privada”.
Para Manuel Núñez Encabo, presidente de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), un personaje público lo es no solamente cuando ejerce sus funciones, sino también si se encuentra en un lugar público. “Otra cosa es cuando está en un lugar privado: entonces tiene derecho a la intimidad y se debe considerar un personaje privado”, matiza. Para los profesionales, solo la defensa del interés público justifica la intromisión en la vida privada. Y en el caso de las imágenes de Kate Middleton que ahora han saltado a los tribunales, estas no tienen “ningún interés público ni afectan a la formación de la opinión pública”, según Núñez Encabo.
La publicación en Francia de las fotografías de la duquesa de Cambridge en toples ha dado aún más fuerza a un debate que lleva años en primer plano en Reino Unido: el que opone por un lado el derecho a la privacidad y por otro el derecho a la libre expresión. Es un debate que lleva decenios en el candelero, pero que ha tomado especial vigor desde que en julio de 2011 estalló en toda su plenitud el escándalo de las escuchas ilegales del tabloide News of the World.
En Reino Unido no existe una legislación específica que limite la libertad de prensa en nombre del derecho a la privacidad, que queda protegida por el derecho genérico a la intimidad y la vida privada. Francia es precisamente uno de los países europeos con una regulación más estricta con relación a la privacidad. Núnez Encabo recuerda que existe una ley muy rigurosa ley sobre las personas inmersas en un proceso judicial hasta el punto de que está prohibido, por ejemplo, tomar fotos de personajes públicos al entrar o salir de un juzgado. La base de una legislación tan restrictiva es el derecho a la intimidad y el respeto a la dignidad de la persona.
Aunque el debate es tan viejo como la existencia misma de los tabloides británicos, los excesos de los años ochenta, sobre todo el acoso mediático a la princesa Diana de Gales, llevó a los medios a autorregularse a través de un Código de Buenas Prácticas. Un intento de limitar los excesos para evitar que el Gobierno acabe legislando.
Ese código ha dado resultados desiguales. Los medios mantienen abierta la puerta a la publicación de asuntos meramente privados agarrándose a la cláusula que admite que el interés público de una noticia justifica su publicación aunque se trate de un asunto privado o la información se haya obtenido a costa de la privacidad de la persona afectada.
Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, sostiene que respecto a la duquesa de Cambridge se está transmitiendo una imagen que puede perjudicar el derecho a la intimidad, el honor e incluso la propia imagen. Se trata claramente “de una ponderación entre estos tres derechos y el derecho a la libertad de información”. Vírgala recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional español, que valora la relevancia del personaje (si tiene una faceta pública) y de la información. “En este caso entiendo que no es una información que el público necesite, pero lo que los informadores dan es una imagen determinada de la realeza británica”. Y se pregunta por qué el ciudadano no puede saber el tipo de vida de las personas que van a desempeñar un cargo en el Estado y cuyo mantenimiento va a costar el dinero de sus impuestos.
La respuesta es tajante: los británicos “tienen derecho a conocer la vida que llevan los duques de Cambridge”, mantiene el catedrático. “Otra cosa”, precisa, “es cómo se han obtenido las fotos. Habría que saber si se sacaron en un sitio público. Si hubiesen sido tomadas en un lugar privado estarían protegidos en su intimidad”. Pero los tribunales, en el delicado juego de la ponderación de derecho, valoran hasta qué punto las personas están dispuestas a ceder privacidad. “Si los duques están en un barco cerca de una playa, no es lo mismo que estar en alta mar”, afirma Vírgala.
Aunque la intimidad sea un derecho fundamental protegido por las leyes, eso no impide que se pueda comerciar con él. En estas circunstancias —cuando se transfiere o se vende— se puede llegar a considerar, como apunta Núñez Encabo, que los ciudadanos “ya no son propietarios de su intimidad”.
La ambigüedad entre estos dos derechos —la intimidad, por un lado, y la información, por otro— ha derivado en un ir y venir a los juzgados de Reino Unido. En algunos casos para impedir la publicación de noticias que son meros cotilleos, como aventuras extraconyugales de los famosos del deporte y el espectáculo o incluso misteriosas informaciones en torno al príncipe Carlos.
En otras ocasiones, los juzgados han dado la razón a los afectados cuando ya se había publicado la información. El caso más notable de los últimos años es el que enfrentó a News of the World y el entonces patrón de la Federación Internacional de Automovilismo, Max Mosley. El diario publicó un amplio reportaje de una orgía sadomasoquista de Mosley con varias prostitutas con el argumento de que tenía un carácter neonazi y eso justificaba el interés público. Mosley negó esas connotaciones nazis y el juez le dio la razón en julio de 2008. Pero aunque ganó ese caso, no logró luego que el Tribunal de Estrasburgo apoyara su petición de que, por ley, los medios deban prevenir al afectado de que se va a publicar una noticia que viola su privacidad.
Algunos comentaristas han aprovechado estos días el caso de las fotografías de la duquesa de Cambridge para defender la inutilidad de legislar en Gran Bretaña: Francia tiene las leyes más duras y los paparazzi más agresivos, subrayan.
Otros creen que solo una legislación internacional podría tener efecto, pero dudan que sea posible alcanzar ese consenso. En todo caso, el debate puede afectar a las deliberaciones del juez Levison, que en su informe sobre el escándalo de News of the World ha de pronunciarse a favor o en contra de legislar. Y, si hay que legislar, en qué sentido.
Que exista una normativa europea es algo que reclama el profesor Núñez Encabo. Especialmente teniendo en cuenta que la legislación actual está desfasada. “Los principios deontológicos afectan a los medios tradicionales, pero desgraciadamente no se aplican en los digitales”, lamenta el presidente de la Comisión de Quejas de la FAPE.
Justamente el escándalo de News of the World es para Núñez Encabo el caso más peligroso de cuantos han sacudido los valores de la sociedad. En su opinión, los medios del magnate Rupert Murdoch han cruzado una línea roja vulnerando la intimidad de las personas al utilizar conversaciones grabadas en el móvil de una menor fallecida. Y lo hicieron para ganar dinero y tener influencia en la sociedad. Se trata de “el mayor escándalo de un medio de comunicación en la historia democrática europea”, dice. Por eso pide que se establezcan límites claros. De lo contrario se corre el riesgo de que se cree un “antimodelo” mediático.
La policía francesa busca al mensajero. Quiere saber quién tomó las fotografías de la duquesa desnuda de cintura para arriba. Ha visitado las instalaciones de la revista gala Closer, a las afueras de París, en busca de pistas. El objetivo de esta investigación, avalada por el juez, es determinar qué agencia realizó y vendió las imágenes. El tribunal de Nanterre (París) ha amenazado a Mondadori (editora de Closer) con una multa de 10.000 euros por cada día que se retrase en la entrega a la familia real británica de los archivos digitales con las imágenes que se publicaron y las que no se llegaron a reproducir.
El secuestro de esas 15 fotografías, ordenado por un juez francés, es una medida defendida por los expertos. El catedrático de Derecho Constitucional Javier Corcuera recuerda que en España se aplicó el Código Penal para retirar de los quioscos en 2007 la revista de humor El Jueves, que había publicado una viñeta satírica sobre los Príncipes de Asturias. ¿Es proporcional el secuestro de unas fotos que están en Internet? Corcuera afirma que “es importante” que se preserve la privacidad. “No vale argumentar que como ya están colgadas en la Red no hay que respetar la intimidad. Si no, vamos de cráneo”.
Pero los medios no se han quedado callados. El diario británico The Guardian publica una viñeta con toda la familia real británica en toples posando en un balcón. Es su respuesta a la decisión del tribunal de Nanterre de prohibir la difusión de las fotos de Middleton. La viñeta estaba colgada en la página web del diario pocas horas después de que el juez prohibiera a Mondadori la cesión a terceros del material gráfico.
Los medios escandinavos van a seguir el ejemplo de Closer. La revista sueca Se och Hr, consagrada al mundo del corazón, publicó este miércoles las famosas fotos de la esposa del príncipe Guillermo. Hasta ahora son ya cuatro los medios que se han hecho eco. Junto a Closer, han sido difundidas por la revista italiana Chi, que pertenece, al igual que Closer, a Mondadori, grupo controlado por el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. También han sido reproducidas por el periódico irlandés Irish Daily Star, cuyo jefe de redacción fue despedido fulminantemente.
“Se trata de fotos muy comedidas si se compara con las de otras celebridades que hemos publicado en otras ocasiones”, ha justificado la redactora jefe de Se och Hr, Carina Lfkvist. Los directivos de esta revista afirman que está en su ADN el deber de entretener y satisfacer la curiosidad de sus lectores. En Dinamarca Se och Hr anunció que sacará un suplemento especial de 16 páginas. Los mismos pasos seguirán semanarios de Finlandia, Holanda y Alemania.
¿Es un desafío? La búsqueda de un equilibrio entre el derecho al respeto de la vida privada, consagrada por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos del Hombre, y la libertad de expresión está ampliamente documentada por la jurisprudencia reciente de la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre.
En España, el Código Deontológico de la FAPE especifica que los periodistas respetarán el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, teniendo presente que “solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento”.
Pero no siempre se cumple. En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha dado la razón a la actriz Elsa Pataky, que demandó a varias revistas por publicar fotos suyas captadas en toples cuando realizaba un reportaje fotográfico para otra publicación. El Supremo sostiene que eran fotos robadas, ya que se captaron sin el consentimiento de la interesada y en un lugar recóndito. Un caso muy similar al que ahora protagoniza la duquesa de Cambridge.
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